Proyecto de ley de desalojo no contempla derechos humanos de inquilinos pobres
El Comité Promotor para la Renovación Urbana, organización sin fines de lucro, que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de los inquilinos del país informa a la opinión pública que el Proyecto de Ley Nº 541-2006 CR, que permite el desalojo por falta de pago y pago de arriendos en un solo proceso, presentado por la Dra. Rosario Sasieta, aprobado en la Comisión de Justicia y DD.HH, no garantiza ni promueve mejores niveles de vida para la población de menos recursos de todo el país.
La ley que propone tiene un alto costo social con consecuencias graves para el desarrollo del país porque de aprobarse más de un millón de inquilinos que viven en tugurios se quedarían en las calles y les serían arrebatadas sus pertenencias para cobrar la deuda. Ella como congresista y representante del Estado debe defender por igual los derechos de todos los ciudadanos y como abogada sabe que no se puede administrar justicia, sin justicia social.
El proyecto no ha realizado un estudio socioeconómico para conocer la situación real de las familias que arriendan viviendas. Ha puesto en un mismo “saco” a aquellos inquilinos en condición de economía precaria por falta de trabajo, sub empleo o abandono con aquellos que teniendo recursos y empleo no les da la gana de pagar los alquileres.
Consideramos que esta iniciativa legislativa, solo defiende los derechos de los ricos y no los de los pobres pues beneficia únicamente a los propietarios y que con este proyecto tendrán aún más facilidades en los procesos judiciales.
Por ejemplo, en Lima Metropolitana, el Estado, a través de Universidad Mayor de San Marcos, la Sociedad de Beneficencia de Lima y la Municipalidad Metropolitana, es propietario de la mayor cantidad de predios tugurizados, al igual que la Iglesia Católica. Muchas veces, los funcionarios de estas instituciones dejan de cobrar intencionadamente los alquileres o no dan facilidades para pagar en partes la deuda y así aducir que los inquilinos no pagan la renta y poderles entablar el proceso judicial de desalojo.
Por otro lado, el texto de la propuesta de ley no hace diferencias entre los inquilinos que se encuentran bajo los alcances del Código Civil y aquellos que se encuentran bajo los alcances del Decreto de Urgencia No. 039-2006-DU, el cual prorroga la vigencia del art. 1 de la Ley No 28138 - Régimen de Alquiler para los Predios destinados a Casa-habitación o “Ley del Inquilinato”; él cual prorroga la vigencia de los contratos de alquiler para aquellos inmuebles destinados a viviendas cuyo valor del autovalúo no sobrepase los S/. 2,880.00 nuevos soles hasta el 31 de diciembre del 2007, en su mayoría predios tugurizados”. Hace más de 15 años los gobiernos vienen prorrogando la ley del inquilinato sin crear programas de viviendas al alcance de los más pobres.
Al respecto, las organizaciones vecinales han presentado desde 1995 diversos proyectos de Ley para la Renovación Urbana sin que hasta la fecha hayan sido atendidos por el Congreso. Ante este desinterés, las organizaciones vecinales han decidido iniciar la Campaña Nacional para la Restitución del Derecho a la Vivienda y la Renovación Urbana con fines de Vivienda.
Este proyecto debe ser reformulado porque los pobres también somos ciudadanos y seres humanos; y esta ley vulnera nuestros derechos. Nadie quiere ver a miles de familias viviendo en las calles, bajos los puentes o desterradas a los desiertos sin ningún servicio básico.
Lima, 17 de mayo de 2007
SE AGRADECE SU DIFUSIÓN Mayor Información: Telf. 381-2206 / 9055-7479
COMITÉ PROMOTOR PARA LA RENOVACIÓN URBANA
El Comité Promotor para la Renovación Urbana, organización sin fines de lucro, que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de los inquilinos del país informa a la opinión pública que el Proyecto de Ley Nº 541-2006 CR, que permite el desalojo por falta de pago y pago de arriendos en un solo proceso, presentado por la Dra. Rosario Sasieta, aprobado en la Comisión de Justicia y DD.HH, no garantiza ni promueve mejores niveles de vida para la población de menos recursos de todo el país.
La ley que propone tiene un alto costo social con consecuencias graves para el desarrollo del país porque de aprobarse más de un millón de inquilinos que viven en tugurios se quedarían en las calles y les serían arrebatadas sus pertenencias para cobrar la deuda. Ella como congresista y representante del Estado debe defender por igual los derechos de todos los ciudadanos y como abogada sabe que no se puede administrar justicia, sin justicia social.
El proyecto no ha realizado un estudio socioeconómico para conocer la situación real de las familias que arriendan viviendas. Ha puesto en un mismo “saco” a aquellos inquilinos en condición de economía precaria por falta de trabajo, sub empleo o abandono con aquellos que teniendo recursos y empleo no les da la gana de pagar los alquileres.
Consideramos que esta iniciativa legislativa, solo defiende los derechos de los ricos y no los de los pobres pues beneficia únicamente a los propietarios y que con este proyecto tendrán aún más facilidades en los procesos judiciales.
Por ejemplo, en Lima Metropolitana, el Estado, a través de Universidad Mayor de San Marcos, la Sociedad de Beneficencia de Lima y la Municipalidad Metropolitana, es propietario de la mayor cantidad de predios tugurizados, al igual que la Iglesia Católica. Muchas veces, los funcionarios de estas instituciones dejan de cobrar intencionadamente los alquileres o no dan facilidades para pagar en partes la deuda y así aducir que los inquilinos no pagan la renta y poderles entablar el proceso judicial de desalojo.
Por otro lado, el texto de la propuesta de ley no hace diferencias entre los inquilinos que se encuentran bajo los alcances del Código Civil y aquellos que se encuentran bajo los alcances del Decreto de Urgencia No. 039-2006-DU, el cual prorroga la vigencia del art. 1 de la Ley No 28138 - Régimen de Alquiler para los Predios destinados a Casa-habitación o “Ley del Inquilinato”; él cual prorroga la vigencia de los contratos de alquiler para aquellos inmuebles destinados a viviendas cuyo valor del autovalúo no sobrepase los S/. 2,880.00 nuevos soles hasta el 31 de diciembre del 2007, en su mayoría predios tugurizados”. Hace más de 15 años los gobiernos vienen prorrogando la ley del inquilinato sin crear programas de viviendas al alcance de los más pobres.
Al respecto, las organizaciones vecinales han presentado desde 1995 diversos proyectos de Ley para la Renovación Urbana sin que hasta la fecha hayan sido atendidos por el Congreso. Ante este desinterés, las organizaciones vecinales han decidido iniciar la Campaña Nacional para la Restitución del Derecho a la Vivienda y la Renovación Urbana con fines de Vivienda.
Este proyecto debe ser reformulado porque los pobres también somos ciudadanos y seres humanos; y esta ley vulnera nuestros derechos. Nadie quiere ver a miles de familias viviendo en las calles, bajos los puentes o desterradas a los desiertos sin ningún servicio básico.
Lima, 17 de mayo de 2007
SE AGRADECE SU DIFUSIÓN Mayor Información: Telf. 381-2206 / 9055-7479
COMITÉ PROMOTOR PARA LA RENOVACIÓN URBANA
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